NUEVO DECRETO DE DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
Los directores consideran que van a recuperar su autoridad perdida
Más del 15% de los alumnos de Primaria y el 10% de ESO sufre acoso escolar
Atajar el maltrato escolar, resolver la falta de disciplina y mejorar la convivencia en las aulas. Tales son los objetivos del nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado. El decreto, que sustituirá al que se halla en vigor desde 1994, ha sido muy bien acogido por los directores, quienes consideran que se pone en valor su función y van a poder recuperar su autoridad perdida para atajar la conflictividad en las aulas. Los alumnos podrán ser expulsados sin consultar al Consejo Escolar del centro.
Aunque el enfoque del texto pasa por ayudar a construir la convivencia en los centros por medio de medidas educativas y se rehúye hablar de castigos, en su seno late una clara vocación de fomentar la disciplina para luchar contra el acoso escolar y las agresiones a profesores. La principal virtud de las nuevas medidas disciplinarias es que se podrán aplicar de manera más rápida y efectiva que las actuales, muy garantistas con los derechos de los estudiantes.
El director es el eje sobre el que gira el protagonismo. Una de las novedades reside en su capacidad sancionadora. Una vez que los centros incorporen el decreto a sus reglamentos de funcionamiento interno -disponen de un plazo de seis meses desde la aprobación del texto-, el director podrá expulsar directamente a un alumno si considera que ha cometido una falta de la suficiente gravedad, como agredir a un docente o acosar a un compañero.
El nuevo decreto en el que, entre otras cosas, se catalogan las faltas del alumnado según su gravedad y se detallan las sanciones que conllevan era una reclamación a voces de los docentes. "En la escuela, lo primero es la educación. Lo punitivo es secundario, pero las normas son para cumplirlas y el castigo también tiene un valor pedagógico, sobre todo si es inmediato. Las aulas no pueden ser un espacio de impunidad".
Los alumnos tienen que tener claro que sus actuaciones van a tener consecuencias".
Patxi Baztarrika, flanqueado por los responsables de euskera forales y de Eudel. / RAFA GUTIÉRREZ
Con motivo del Día Internacional del Euskera, que se celebrará mañana, el Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos (a través de Eudel) han suscrito una declaración institucional conjunta en la que rechazan cualquier tipo de «imposición en materia de política lingüística», incluso aquella que apela a «un improbable beneficio» para la lengua vasca. Los firmantes del documento no sólo reprueban a quienes creen que «todo lo que se hace por revitalizar el euskera es poco», sino también a aquellos que «descalifican injustamente» cualquier medida de fomento de este idioma, «tildándola de imposición».
El documento fue dado a conocer ayer en Vitoria por el viceconsejero de Política lingüística, Patxi Baztarrika, y responsables de euskera de los tres gobiernos forales y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel. De fondo, aparece implícito el rechazo a los argumentos defendidos por el Departamento de Educación (EA) para poner en marcha su fracasada reforma de los modelos lingüísticos, aparcada 'sine die' por falta de consenso en el seno del Ejecutivo autónomo, y que ha suscitado la oposición de amplios sectores de la sociedad.
Así, los autores del manifiesto deslegitiman cualquier «tentación de impedir la opción lingüística de nuestros semejantes, por mucho que el motivo fuera un improbable beneficio» para la lengua vasca. «Esta sociedad, que ha padecido la imposición contra el euskera, sabe bien que no es el camino que ha de conducirnos a su plena revitalización», añaden.
«Fruto del acuerdo»
Los representantes del Gobierno vasco, diputaciones y Eudel recuerdan que «una política eficaz en pro del bilingüismo real comporta, ineludiblemente, deberes». A su juicio, tales obligaciones «conciernen, especialmente, a la salvaguarda y promoción del idioma más débil -el euskera- pues éste es el que debe ganar ámbitos, funciones y hablantes». Pero estos objetivos -insisten- «han de ser fruto maduro del acuerdo, si se pretende que surtan verdadero efecto en la vida social».
El texto advierte de que «es notoriamente fraudulento confiar a unas inciertas leyes de la oferta y la demanda la evolución y convivencia de las lenguas». Además consideran «erróneo y falaz» reclamar la desregulación en materia de política lingüística. «Más falaz y erróneo es, si cabe, el discurso que niega legitimidad a la regulación en dicha materia», añaden los firmantes. En su opinión, resulta «perverso» el propósito de «identificar regulación e imposición».
Y vuelven a incidir en el mensaje del consenso. «La normativa sin adhesión, es como un cauce seco: puede que llegue a los campos, pero nunca podrá fertilizar la tierra», compara el texto.
El Día Internacional del Euskera se conmemorará mañana con un acto central presidido por Juan José Ibarretxe. El lehendakari entregará los premios 'Ukan', que reconocen a las personas y organizaciones que destacan por impulsar esta lengua.
